|  El arzobispo de Madrid en una marcha contra la ley que legalizó el matrimonio homosexual. | Las tirantes relaciones entre los obispos católicos españoles y el gobierno socialista son un factor que podría incidir en las elecciones generales de este 9 de marzo. Algunas de las iniciativas, sobre todo en materia social, introducidas durante los cuatro años de gestión del presidente José Luis Rodríguez Zapatero han encontrado una fuerte oposición en la Iglesia. El matrimonio homosexual, la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, el divorcio express y la asignatura de Educación para la ciudadanía en la currícula escolar son algunos de los principales motivos de las fricciones entre el episcopado y las actuales autoridades españolas. El enfrentamiento se ha agudizado a medida que se acercan los comicios. Conflicto El pasado 30 de diciembre la Conferencia Episcopal española convocó a un acto multitudinario en Madrid para reafirmar los valores de la Iglesia. La concentración, bajo el lema "por la familia cristiana", reunió a decenas de miles de personas, según los cálculos más conservadores. En el acto, que contó con una alocución del Papa Benedicto XVI por teleconferencia desde Roma, los cardenales Antonio María Rouco Valera, arzobispo de Madrid y Agustín García Gascó, arzobispo de Valencia denunciaron las leyes que, en su opinión, lesionan la democracia. A finales de enero, la Conferencia Episcopal dio a conocer un comunicado en el que ofreció orientación a los católicos y a los ciudadanos que deseen escucharles de cara a las elecciones. Iglesia y política Según los obispos, se debe votar por partidos "compatibles con la fe y las exigencias de la vida cristiana" debido a que "la aconfesionalidad del Estado no se debe confundir con la desvinculación moral". Las declaraciones de la jerarquía católica han sido rechazadas públicamente por Rodríguez Zapatero. "La Iglesia tiene derecho a la libertad de expresión pero con respeto", dijo recientemente el presidente del Gobierno. Y añadió: "decir que la extensión de derechos es una vulneración de la democracia es algo que no acepto". La Iglesia, por su parte, insiste en que está en su derecho de señalar lo que, en su opinión, está mal en la sociedad española. El padre José Francisco Guijarro, de la arquidiócesis de Madrid, dijo a BBC Mundo que "no se puede pretender que la Iglesia sea un fenónemo cultural y cultual como si solamente tuviéramos que dedicarnos a nuestras ceremonias. Tenemos derecho a que en el contexto político y jurídico nuestras creencias sean respetadas". En las urnas Queda por ver qué acogida tendrá el llamado de los obispos entre el electorado. Aunque más del 75% de los españoles se declara católico, se calcula que sólo una minoría asiste con regularidad a misa o cumple con los preceptos de la Iglesia.  La actitud liberal de Zapatero con temas como la homosexualidad lo ha enfrentado con la Iglesia Católica. | Según Santiago Belloch, analista político de la cadena de radio SER, los obispos han perdido contacto con la realidad. "Viven encerrados en capilla permanente. Los españoles de hoy no somos lo que éramos hace diez años". En su opinión, el llamado de los obispos será contraproducente porque una buena parte de los electores que se consideran progresistas irán con más decisión a las urnas para votar por el Partido Socialista. Sin embargo, la Iglesia niega que haya tomado partido en la contienda electoral. El padre José Francisco Guijarro afirma que "lo que está pasando es que el Partido Socialista, en el gobierno, se ha alejado de las posturas de la Iglesia, lo cual se puede interpretar como reacción a que la Iglesia se está orientando hacia el Partido Popular". Y aclara: "no es cierto tampoco que el Partido Popular responda plenamente a las expectativas de la Iglesia pero por lo que se ve está más cerca de sus posturas". Balance Para algunos, la Iglesia Católica española se ha visto revitalizada en el conflicto al tomar un protagonismo del que carecía desde la instauración de la democracia en 1975. Esta visión no es compartida por el analista político Santiago Belloch. Según afirma, el enfrentamiento de la Conferencia Episcopal con el gobierno de Rodríguez Zapatero ha dado un nuevo ímpetu a los pedidos para que el Estado español renegocie los acuerdos con el Vaticano de 1976. El convenio establece las relaciones entre la sede de la Iglesia Católica y el Estado y entre éste y la Iglesia española. Belloch sostiene que ese tratado contraviene la Constitución española, aprobada en 1978. En su opinión, la potestad que tiene la Iglesia para despedir a profesores de religión es claramente violatoria de la legislación española Algunos auguran una agudización del enfrentamiento de la jerarquía católica si los socialistas son reelectos en los próximos comicios. En ese sentido la creciente hostilidad con el Estado podría desembocar en que se revise el acuerdo sobre financiación suscrito por la Iglesia en 1987. En el convenio, la Iglesia se comprometió a buscar su autofinanciación mediante el aporte de sus feligreses. La realidad es que el Estado español sigue financiando a la Iglesia Católica y a otras confesiones con el dinero de los contribuyentes.  Postales de España hoy
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Carolina Arregui abre su corazón 
Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. 
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