La importancia de la participación ciudadana en un régimen democrático
En la nueva relación política entre el Estado moderno y la sociedad han surgido nuevos paradigmas que redefinen el sentido y orientación del régimen democrático, uno de ellos, es la participación ciudadana, entendida ésta como la integración de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones que se realizan en los diferentes niveles de gobierno.
No podemos concebir un sistema democrático, ausente de participación ciudadana. La democracia participativa, vista como un escalón superior en la práctica de la democracia representativa, exige la intervención del ciudadano no sólo eligiendo a quienes serán sus representantes en el parlamento o en los gobiernos, sino en la definición y evaluación de las políticas públicas, de los diferentes órdenes de gobierno y de las acciones legislativas, pues sólo así podemos los mexicanos aspirar a vivir en un régimen democrático pleno.
La práctica de la democracia representativa y participativa como premisas indispensables para una democracia plena, es una vía alternativa para disminuir la protesta pública de la ciudadanía inconforme, por la exclusión de sus demandas y propuestas en la programación de las acciones públicas.
Hoy que vivimos en un país, donde el presupuesto de egresos de la federación y de los estados se aprueba sin tomar en cuenta al destinatario ciudadano de esos recursos, donde la gente no ha tenido la oportunidad de opinar directamente cómo y en qué habrán de gastarse los más 3 billones de pesos del Presupuesto federal, ni los 40 mil millones de pesos que habrán de constituir aproximadamente el presupuesto del Estado, resulta imprescindible abrir nuevos esquemas de inclusión ciudadana, como el presupuesto participativo, que obliguen al Estado a redefinir proyectos y prioridades básicas a partir de las necesidades comunitarias y no a partir de un proceso de planeación tradicional, formulada desde los escritorios.
En un país como el nuestro, calificado por los organismos internacionales (transparencia internacional, informe 2009), como la segunda nación con mayores prácticas de soborno y corrupción política, es urgente establecer mecanismos de contraloría social y vigilancia ciudadana del ejercicio del gasto, para que los mexicanos, a través de ellos, tengamos conocimiento del destino de cada peso de nuestros recursos, en aras de alcanzar mayores niveles de transparencia en las instituciones públicas. Asimismo, se debe abatir la corrupción y se tiene que castigar como lo establece la norma a quienes abusen de su poder y violen las leyes.
Seguimos siendo desafortunadamente un país, donde las decisiones del gobierno se toman desde las cúpulas políticas y los grupos de poder, casi siempre alejados de los verdaderos intereses sociales, donde resulta fácil imponer por la fuerza del voto nuevos impuestos y reformas antipopulares como las recién aprobadas, entre ellas: la energética, la del ISSSTE, judicial, seguridad pública, educativa, y electoral, entre otras.
De igual manera, las malas decisiones del gobierno han afectado a millones de mexicanos; otro ejemplo de ello es el privatizar o desaparecer por decreto empresas públicas, sin pensar en el patrimonio de los trabajadores y peor aún, sin consultar la opinión de los ciudadanos mediante procesos plebiscitarios o de referéndum que les permitan tener decisión sobre el destino de los recursos nacionales, el patrimonio social de la población y el futuro de las políticas públicas del país.
Por eso, ante un escenario de tales proporciones que evidencia más que nunca nuestra incipiente democracia, resulta urgente aprobar en lo inmediato las reformas constitucionales y legales que reconozcan y regulen jurídicamente además del plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular, otras figuras de participación ciudadana como la Revocación de Mandato, los Consejos de Participación Ciudadana, la Elaboración de Presupuestos Participativos y la Contraloría Social, donde la sociedad pueda participar alrededor de una nueva forma de organización comunitaria, como es el caso de los consejos populares, para emitir su opinión en el diseño y evaluación de las políticas públicas, acciones y decisiones del gobierno.
Lo anterior resulta necesario a fin de que se establezcan tanto en los planes y programas de gobierno, como en las iniciativas legislativas de cualquier tipo, legitimando o revocando la toma de decisiones políticas mediante los procesos plebiscitarios o de referéndum, ejerciendo inclusive, la revocación del mandato, cuando la actuación de los representantes populares se aleje de los compromisos establecidos con los propios electores, del interés público y de los principios de legalidad, seguridad jurídica, equidad, transparencia, honradez, solidaridad y justicia social, que deben guiar la actuación de cualquier representante popular electo democráticamente.
En otro sentido, la participación ciudadana debe contribuir a la formación de una nueva cultura política y cívica, donde el ciudadano no sólo demande mayor apertura del Estado, sino fundamentalmente mayor interés de sí mismo en la acción pública, con una actitud más solidaria con el desarrollo comunitario y promoviendo formas más elevadas de tolerancia cultural y de inclusión política.
CONSULTEN, ESCRIBAN OPINEN LIBREMENTE
Saludos
RODRIGO GONZALEZ FERNANDEZ
DIPLOMADO EN RSE DE LA ONU
DIPLOMADO EN GESTION DEL CONOCIMIMIENTO DE ONU
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