21 de noviembre de 2009, 14:04Lima, 21 nov (PL) La semana noticiosa peruana fue acaparada por un conflicto diplomático con Chile, a raíz de una denuncia de espionaje, que tiende a modificar drásticamente las relaciones oficiales bilaterales.
La tensión entre Lima y Santiago parece entrar con el fin de semana a una etapa de relativa disminución, a la espera de alguna respuesta de Chile a la demanda peruana de investigar el caso del sub oficial Víctor Ariza, confeso de haber vendido secretos militares a dos colegas chilenos.
La expectativa, que el gobierno de Lima espera termine pronto, dará paso a una evaluación de las relaciones bilaterales en lo político, lo comercial y otros ámbitos, según dijo el canciller, José García Belaunde, en breve contacto con Prensa Latina.
La controversia se intensificó con un mensaje del presidente Alan García, el pasado lunes, cuatro días después de revelar la prensa el caso del doble agente, detenido y enjuiciado.
El jefe de Estado dijo que el espionaje está plenamente probado y pidió que, con la información recogida por los investigadores peruanos, el gobierno de Chile investigue el caso y sancione a los responsables, aunque eximió de culpa a la presidenta Michelle Bachelet.
También calificó el espionaje como una ofensa repulsiva y dijo que espiar a un país vecino es propio de una "republiqueta" y de débiles y envidiosos, lo que generó encendidas reacciones en Santiago.
Posteriormente, la cancillería entregó al encargado de Negocios de Chile un informe minucioso junto a una nota de protesta por el espionaje y la pelota quedó botando en el campo del vecino.
Lo que Lima asume como una grave ofensa plantea, según amplio consenso, el fin de la política de "cuerdas separadas", consistente en aislar un diferendo de límites marítimos, ventilado en la Corte Internacional de La Haya, y las históricas diferencias con Santiago, y desarrollar las relaciones institucionales y económicas.
El canciller García Belaunde, defensor de esa política, reconoció tras el escándalo que ese tipo de relación requiere de la voluntad de ambas partes, que parece no existir, porque Chile ha insistido en vincular ambos campos de la relación bilateral.
La crisis plantea también para amplios sectores en Perú la necesidad de una revisión integral de las estrechas relaciones económicas desarrolladas desde la pasada década, con amplia ventaja para Santiago, al amparo de la adhesión de los dos países a la economía neoliberal.
El líder nacionalista Ollanta Humala consideró débil la posición gubernamental ante el espionaje y demandó medidas más drásticas, como romper relaciones diplomáticas y dejar sin efecto un tratado de libre comercio bilateral.
Los vínculos comerciales bien pueden desarrollarse bajo los acuerdos preexistentes, señaló Humala, al descartar un corte del intenso comercio con el país vecino.
El ministro de Comercio Exterior, Martín Pérez, consideró que las relaciones comerciales con Santiago, cuyo balance favorece a Perú en los cuatro años previos pero con margen mayor para Chile este año, "van a verse resentidas" por el caso de espionaje.
García Belaunde declinó hacer pronósticos sobre la afectación de las relaciones económicas y comerciales, y dijo que ello dependerá de cuán seguros se sientan los actores económicos, a tiempo de reiterar que habrá una evaluación del conjunto de las relaciones.
Tanto el canciller como Pérez coincidieron en que el tema del TLC con Chile está en manos del Tribunal Constitucional, ante el cual lo impugnaron un grupo de parlamentarios, por no haber sido ratificado por el Congreso, trámite que el ejecutivo consideró innecesario.
Según trascendidos judiciales, el tribunal está a punto de fallar a favor de los demandantes, lo que obligaría al gobierno a someter el tratado a la aprobación del Congreso, donde difícilmente sería aprobado, por el clima generado por la denuncia de espionaje.
Por su parte, el primer ministro, Javier Velásquez, al igual que los titulares de la Producción, Mercedes Aráoz; Transportes, Enrique Cornejo; Defensa, Rafael Rey, y Economía, Luis Carranza, se pronunciaron por preservar el comercio y el TLC con Chile.
El ex primer ministro Carlos Ferrero dijo que si se descarta el TLC con Santiago seguirán en vigencia un Acuerdo de Complementación Económica ya existente, al igual que un convenio de protección de inversiones.
Alfredo Ferrero, ex ministro neoliberal de Comercio Exterior, negó comentarios oficiales en el sentido de que sin el TLC la afectación sería mayor para Perú que para Chile y dijo que la realidad es exactamente al revés.
En esa medida, indicó, los inversionistas chilenos, al ser los más afectados con la crisis, deberían ser los primeros en pedir al gobierno chileno que investigue el caso y asuma una actitud diferente, en lugar de negar el espionaje.
Para Luis Solari, también ex primer ministro, con la operación de espionaje descubierta Chile "ha dinamitado" el comercio bilateral, en perjuicio de su propios intereses.
El principal de los inversionistas chilenos en Perú es Sebastián Piñera, cuya aerolínea, LAN, tiene el virtual monopolio de las rutas internas peruanas.
La revisión del contrato de operaciones de LAN, acusada de usar pilotos militares, es uno de los pedidos de los 25 presidentes regionales (gobernadores), afirmó el titular de la región sur andina de Cusco y presidente de la asociación que los agrupa, Hugo Ordóñez.
El gobernador sostuvo que los 25 están de acuerdo además en condenar el espionaje, pedir la revisión del TLC con Chile y de las concesiones de servicios públicos a empresas chilenas o consorcios con capitales del vecino país.
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