Chile: vicios públicos no son virtudes privadas

Análisis & Opinión

Chile: vicios públicos no son virtudes privadas

Hugo Lavados

Decano de Economía y Negocios, Universidad San Sebastián (Chile). Ex ministro de Economía durante el gobierno de Michelle Bachelet.

El dramático caso de la mina San José, especialmente luego de su verdadera epopeya para nuestro país, abre la oportunidad de analizar, desde una perspectiva práctica, la aspiración de muchos economistas y empresarios de tener menos regulaciones.

En este terreno hemos constatado que los vicios públicos (los defectos y carencias en el quehacer del Estado) no se transforman automáticamente en virtudes privadas. Ambos conjuntos de virtudes deben coexistir, estar muy coordinados y transitar simultáneamente en la misma dirección.

Es claro que, en casi todas las actividades, tenemos un conjunto muy extenso de normas, con entidades públicas encargadas de la regulación y la supervisión con escasa coordinación en su trabajo real, más allá de las más altas autoridades.

La evidencia nos demuestra que, en la práctica, se destinan muy pocos recursos a la fiscalización, con incentivos muy inadecuados para que las empresas cumplan las normas. Los premios y castigos asociados al incumplimiento pueden llegar a ser tan insólitos, como que pagar las multas tiene menor costo que cumplir la exigencia que conlleva la norma.

Nuestra idiosincrasia le asigna un valor casi totémico a las leyes y normas, como si una vez dictadas las regulaciones, los problemas desaparecieran. Sin embargo, la consecuencia directa de ese exceso y de la falta de recursos es que no se fiscaliza.

Un vicio público es el escaso presupuesto que habitualmente se ha asignado a los organismos fiscalizadores del Estado, incluyendo a los municipios en esta categoría, por su importancia en materias de construcción, que los han llevado a no tener el mínimo necesario para cumplir con lo que se les requiere.

Más aún, es frecuente que existan buenos profesionales y técnicos, pese a los relativamente bajos sueldos, pero, en muchos casos, no están acompañados del equipamiento adecuado: ¿Cuántos laboratorios, barcos, patrulleras, o helicópteros tiene Sernapesca para fiscalizar los más de 5.000 kilómetros de costa chilena? ¿Cuánto personal tiene el Instituto de Salud Pública para garantizar la calidad no sólo de los medicamentos, sino de todos los cosméticos que se comercializan en el país?

Es comprensible entonces que las prohibiciones sean mayores a las necesarias. Es una problemática que comparten el Servicio Nacional de Geología y Minas (Sernageomin) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf), entre otros, organismos centrales para nuestra población, los trabajadores, la actividad económica y las exportaciones.

Es vital que las empresas de cada sector colaboren y apoyen las tareas de regulación y fiscalización, pero no que coopten al organismo público. Si existe una relación de cuasi dependencia, el conflicto de intereses es demasiado evidente. Deseo enfatizar que el principal vicio privado es la carencia del concepto de que autoregularse es bueno y beneficioso para todos; es la necesidad de numerosos empresarios de tener al fiscalizador literalmente encima para cumplir con normas básicas para la sociedad y la economía.

El gran vicio público es tener un exceso de regulaciones, casi imposibles de supervisar y/o que generan costos demasiado altos para las empresas que los cumplen.

Nuestra idiosincrasia le asigna un valor casi totémico a las leyes y normas, como si una vez dictadas las regulaciones, los problemas desaparecieran. Sin embargo, la consecuencia directa de ese exceso y de la falta de recursos es que no se fiscaliza, o se trata de hacer cumplir lo que resulta más fácil inspeccionar, que no  necesariamente es lo más importante.

Es poco frecuente que exista un programa de fiscalización que sea realista, que se cumpla, que apunte a fiscalizar lo que es clave, el núcleo duro donde pueden darse los problemas, ya sean de seguridad, sanitarios, ambientales, etc.

Una economía en el siglo XXI requiere regulación y autoregulación; respecto a ambos aspectos tenemos deficiencias: la autoregulación no es un árbol frondoso, con raíces firmes. La regulación es abigarrada, descoordinada y más dependiente de lo que requerimos de la visión y de lo que consideran importante los directores de las instituciones públicas, lo que hace que lo que se revise sea variable.

En ese escenario, una de las interrogantes que surge es ¿por qué un Estado fuerte se confunde con uno lleno de cientos de diferentes oficinas, muchos trámites y funcionarios con baja productividad?

En este sentido, la existencia de menos normas, aplicadas por organismos con más recursos, que tengan una mayor coordinación dentro del aparato público, que sean más claramente explicadas y que den cuenta del "núcleo duro" de lo que deseamos que se cumpla, generaría una enorme ganancia en productividad y en el mismo nivel de cumplimiento de las normas.

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Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU

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