Señor Director:
El actual debate sobre el lucro en la educación posee varias dimensiones que es necesario distinguir. Un esfuerzo de dilucidación conceptual podrá ayudar a que este debate sea fructífero.
1. Desde luego, en las actuales quejas se expresa un malestar, hasta cierto punto, más profundo: algunos, en especial los más jóvenes, piensan que la tarea educativa entregada a las leyes del mercado pierde parte de su sentido. Ellos piensan que un espíritu puramente utilitario -como aquel que el mercado y la competencia demandan- no se condice con el quehacer intelectual que sería propio de la universidad.
Esa queja -que apunta a una inconsistencia entre el mercado y la educación- no se dirige sólo contra las universidades privadas, sino contra el conjunto de la política de educación superior que nos ha guiado desde hace tres décadas. De acuerdo a esa política, no sólo las universidades privadas deben atender las señales y las exigencias del mercado, también las universidades estatales.
Lo que cabe preguntarse entonces es si ese diseño es correcto o si es posible uno distinto. Chile tiene hoy uno de los grados de financiamiento privado en la educación superior más altos del mundo. ¿Es esa una situación inevitable y natural o podríamos, luego de un debate, modificarla? ¿Es posible proveer a las universidades -algunas o todas- de un entorno que les permita contar con un espíritu menos utilitario?
2. A lo anterior se suma un debate distinto. La legislación chilena prohíbe las universidades con fines de lucro; pero así y todo es notorio que esa regla se transgrede. Como todos saben, hay consorcios -ampliamente conocidos- que han invertido en universidades en Chile. Esos consorcios no son entidades filantrópicas: son grupos de inversión que incluso, en sus respectivos países, licitan sus acciones en la bolsa.
Esa situación -una regla que se contradice cotidianamente- no prestigia ni a la ley ni a las universidades. Ambas ven su prestigio magullado como consecuencia de una situación que se podría perfectamente evitar.
¿No sería posible permitir la existencia de universidades con fines de lucro sometidas, sin embargo, a controles y a reglas que las priven de todo subsidio y exención tributaria?
3. La precedente situación se ha visto favorecida -es imprescindible recordarlo- por la falta de transparencia y de fiscalización del sistema universitario privado, tanto de las universidades del Cruch como de las que no pertenecen a él. Entre nosotros vivimos la paradoja de que una sociedad anónima abierta está sometida a más controles que una universidad privada. Mientras la primera debe hacer públicos sus estados financieros y su directorio es personalmente responsable ante los accionistas, ello no ocurre en la mayor parte de las universidades privadas.
¿No sería posible -para corregir lo anterior- elevar los estándares de información financiera para las universidades chilenas?
4. Las universidades chilenas -todas, tanto las que integran el Cruch como las creadas luego de 1981- realizan actividades lucrativas de variada índole. Desde la organización de empresas a la venta directa de servicios o consultorías. Sería útil reconocer esa realidad y adoptar las medidas para asegurar que los excedentes que esas actividades produzcan se reinviertan en las propias instituciones.
¿Sería muy difícil obligar a las instituciones a llevar una contabilidad consolidada de todas sus instituciones relacionadas y hacerla pública una vez al año?
5. Esas cuatro dimensiones del problema no demandan sólo la reflexión de las universidades estatales o de aquellas que integran el Consejo de Rectores. Todas las universidades tienen algo que decir en este debate y se avanzaría poco si -de manera inexplicable- se dejara a algunas de ellas al margen. En una democracia la deliberación pública debe hacer esfuerzos por incluir a todos los involucrados. Es la única manera de que sus conclusiones sean también aceptadas por todos.
Parece razonable entonces que el Gobierno -que ya ha dado señales en este sentido- escuche en igualdad de condiciones a todos los involucrados antes de decidir, sin conferir a priori mayor credibilidad o ventajas a ninguno de los partícipes por sobre los demás.
Fernando Montes
Rector Universidad Alberto Hurtado
Carlos Peña
Rector Universidad Diego Portales
CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN .
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
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