Montes, Leonidas
Hace tiempo que el ministro Mañalich viene denunciando el poder del lobby. Pero el reciente resultado del trámite de la Ley de Fármacos colmó su paciencia. Declaró públicamente lo que todos sabemos: "El poder del dinero tiene una influencia gigantesca en la legislación chilena".
Resulta lamentable, aunque no sorprendente, la decisión de los parlamentarios en este caso. Que se puedan vender medicamentos OTC ("over the counter") que no requieren receta médica no sólo en las farmacias es de sentido común. No hay que ser un PhD en economía para comprender que permitir la venta de estos medicamentos OTC en otros lugares beneficia a la gran mayoría: son los más pobres los que más gastan en este tipo de remedios. Con las farmacias concentrando más del 90% de este mercado, promover la competencia naturalmente disminuirá los precios. No se necesita un modelo de Cournot, ni siquiera conocer las nociones básicas de oferta y demanda, para entender que los precios disminuirán. Tampoco lo hará la venta en consultorios.
Equivocadamente algunos piensan que nos hemos saturado de farmacias. Esto es así sólo en las comunas de mayores ingresos. De hecho, en Chile hay más de 50 comunas que no tienen farmacias. Allí la señora Juanita debe viajar para comprar un parche León o una aspirina C limonada caliente para paliar el resfrío de invierno. O a lo mejor puede encontrar un paracetamol en la feria.
Y de los remedios genéricos, para qué hablar. La idea era que la ley obligara a los doctores a recetar también los genéricos, que son más baratos. Algunos argumentan a favor de la libertad de los médicos para recetar lo mejor para sus pacientes. Como férreo defensor de la libertad, me temo que en este caso es más importante la libertad de los más desfavorecidos para comprar los remedios más baratos. Los laboratorios seguirán promoviendo sus marcas. Y posiblemente los médicos seguirán prescribiendo remedios de laboratorios.
Aunque en este caso el lobby es complejo —están los laboratorios, los químicos farmacéuticos y el Colegio Médico—, lo increíble es que, después de todo, al parecer las farmacias no aprendieron la lección. El caso de colusión parece que fue una simple anécdota. Pero el tema de fondo es el lobby desregulado, esa fuerza opaca que daña a la economía social de mercado. Debemos proteger al mercado de estos mercaderes acostumbrados a operar en las sombras. El intercambio y la competencia se basan en el hecho de que la información está disponible, y no oculta. El lobby en Chile ha operado de manera sigilosa. Pero Chile ha cambiado: nuestra sociedad está mucho más informada y es mucho más exigente.
El lobby es importante y es muy necesario. No en vano John F. Kennedy definía a un lobbista como "una persona que puede explicar en 10 minutos algo que cualquiera de mis asesores demoraría semanas". Para quienes toman las decisiones que afectan al público, la relevancia del lobby como una actividad legítima y necesaria está fuera de cuestionamientos. En cualquier discusión de interés público, el lobby facilita y enriquece el debate, contrastando argumentos a favor o en contra. Nadie quiere eliminar el lobby. Esto sería imposible e inconveniente. Pero se requiere una regulación que transparente y legitime esta actividad.
Desde 2003, dos proyectos de Ley de Lobby han naufragado por falta de acuerdo acerca de la manera de regular esta actividad. Durante el fracaso del año 2008, el diputado Jorge Burgos, que participó del primer proyecto de ley, declaró que "el lobby mató al lobby". Este juicio es mucho más que un simple slogan. Es la verdad. Lucrar promoviendo intereses es legítimo. Lucrar a escondidas es, a lo menos, sospechoso. A menos que los lobbistas quieran convertir su oficio en una actividad abominable —ya vimos lo que sucedió con el negocio de las universidades privadas—, les sugiero ponerse las pilas. Es importante justificar, legitimar y regular esta actividad.
Después de diez años de infructuosos intentos, Chile necesita una verdadera Ley de Lobby. El Gobierno le ha puesto suma urgencia a un proyecto de ley sobre el tema. Es una loable iniciativa, que promueve la transparencia para las autoridades. Pero no necesariamente regula el lobby. Usando el dicho popular en un sentido figurado, este proyecto pone el foco en el chancho, pero no en el que da el afrecho.
Saludos
Rodrigo González Fernández
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