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Gobierno creará nueva base de datos que consolidará todas las deudas de los chilenos
El Ministerio de Hacienda trabaja para enviar en los próximos días al Congreso un proyecto de ley que propone la creación de la primera base consolidada de datos comerciales de todos los chilenos.
Es una decisión tomada. El Ministerio de Hacienda trabaja para enviar en los próximos días al Congreso un proyecto de ley que propone la creación de la primera base consolidada de datos comerciales de todos los chilenos, que rediseña la administración y distribución del denominado Boletín Comercial, que hoy maneja la Cámara de Comercio de Santiago.
La idea es construir un sistema unificado que individualice todas las deudas, morosas y al día, que poseen los clientes de la banca, pero también de todas las otras entidades que ofrecen créditos, en especial las multitiendas. Luego, esa base se venderá a las entidades que deseen distribuirla.
La propuesta fue esbozada por la asesora de la Subsecretaría de Hacienda, Consuelo Espinoza, durante el III Congreso sobre Crédito y Cobranza que se realizó en junio pasado. Además, representantes de Hacienda ya lo han comentado con los dos principales interesados en la medida, bancos y casas comerciales, que se preparan así para librar una batalla decisiva en la larga discusión que los ha enfrentado a partir de mediados de los 90.
Desde entonces la banca viene pidiendo una ley que permita una consolidación de la deuda de los chilenos y que incluya la información del comercio, que hoy sólo entrega datos de sus clientes morosos, pero no de quienes están al día en sus pagos. Su principal argumento, según fuentes de la banca, es la necesidad de conocer el compromiso global de crédito de las personas para determinar mejor su riesgo crediticio.
Hasta ahora las multitiendas habían logrado contener lo que consideran una expropiación de uno de sus principales activos (la información que han recabado de sus clientes). Más aún si, a diferencia de la banca, ellas prestan con cargo a su propio patrimonio y, por ende, no consideran que pongan en riesgo la estabilidad sistémica.
Pero en los últimos meses Hacienda se inclinó por una posición más cercana a la banca, que quedó resumida en la exposición de Espinoza en junio. Ahí la economista señaló los cambios que requería el actual sistema de información comercial (SIC) y argumentó que el objetivo de la consolidación de datos comerciales era mejorar la capacidad de las entidades financieras de predecir el comportamiento de pago de las personas y que éstas pudieran usar su historial -si era bueno- como prueba de su reputación. También, que se lograría mejor información para controlar el sobreendeudamiento en la economía y que el modelo consolidado permitiría "ampliar el acceso al crédito" a un segmento de personas y pequeñas empresas que hoy no acceden a la banca.
EL CAMBIO
Tres informes previos habrían convencido al gobierno. En 2007 Hacienda encargó dos estudios. Uno, a la firma CL Group y J. Quiroz, que analizó las mejores prácticas a nivel internacional, e hizo una estimación de los efectos de agregar la información sobre deuda vigente al día al SIC. El otro, al Banco Mundial, que envió una misión de expertos en agosto pasado. Además, Teatinos 120 recibió recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, en 2006, de consolidar de mejor forma la información sobre riesgo crediticio y crear un registro central. Y la Ocde, en junio de 2007, sugirió fortalecer la fiscalización y sanciones de la autoridad en materia de datos personales.
El proyecto del Ejecutivo modifica la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada y el Decreto Supremo 950 de 1928 que creó el Boletín Comercial. La iniciativa está en los ajustes finales en la Subsecretaría de Hacienda y el equipo económico la enviará al Legislativo en un par de semanas, confirman en la cartera del ministro Andrés Velasco. Si llega a buen puerto en el Congreso, la banca cumplirá así una de sus más viejas aspiraciones: acceder a la base de clientes de los grandes grupos de retailers, un negocio crediticio que tiene 20 millones de clientes con tarjetas -unas ocho millones de las cuales están activas- y que sólo en el primer trimestre de este año registró algo más de US$ 2.000 millones en transacciones.
En una señal de que esta batalla no es menor, desde 2007 los 10 mayores comercios que operan con sus propias tarjetas de crédito crearon el Comité de Retail Financiero, que coordina el ex gerente de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), Claudio Ortiz. El grupo, que semanalmente reúne en una misma mesa a los ejecutivos de crédito de Falabella, Cencosud, Ripley, D&S Presto, La Polar, ABC-Din, Tricot, Johnson's, Hites y Corona, ya encargó estudios legales y económicos para contrarrestar la ofensiva de sus competidores en el área crediticia. "Nos parece imposible que por ley nos obliguen a entregar nuestra información a la competencia", afirma Ortiz, quien ya se ha reunido, entre otros, con la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif).
El gerente general de la CCS, Cristián García-Huidobro, agrega que hace un mes acabaron las conversaciones con el equipo económico, y asegura que "no hay argumento para un proyecto de esta naturaleza, que hay problemas de constitucionalidad en la consolidación de la información comercial y razones políticas para presentarlo".
Para Ortiz, es un error plantear la necesidad de consolidación de deuda RUT a RUT como un problema de política pública. Para resguardar el riesgo sistémico, asegura, basta con información agregada de la deuda de las personas (no RUT a RUT), la que ya se han ofrecido a entregar a la autoridad. Dar información individual de sus clientes, afirma, sólo aumentará la oferta de crédito a clientes que, aunque tengan alto endeudamiento, han demostrado ser buenos pagadores.
EL NUEVO SISTEMA
El proyecto propone la creación de un Registro Central de Riesgos (RCR) -como se llamaría la base consolidada- al cual por obligación deberán entregar información todas las empresas que otorgan crédito formal respecto de la deuda vigente, vencida y castigada de sus clientes. Se consolida allí lo que se define como mora dura (mayor a 90 días de atraso), mora blanda (entre 45 y 90 días) y la deuda positiva (créditos pagados sin retraso). El RCR mantendría un historial de la situación financiera por hasta cinco años para todo tipo de deudas y la información se entregaría sólo con autorización del cliente sujeto de crédito.
Haciendo eco de una demanda del oficialismo, la iniciativa del gobierno también introduce la figura de un supervisor estatal de la información. Se trataría de una Intendencia de Datos que dependerá de la Sbif. Esta entidad supervisará y fiscalizará a los aportantes de información al RCR, al administrador de éste y a las empresas distribuidoras de la base de datos.
CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN LIBREMENTE
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en RSE de la ONU
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