París, 15 nov (EFE).- La campaña de recolección de firmas emprendida por algunos sindicatos de periodistas bolivianos para solicitar al Parlamento la modificación de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, concluyó hoy, según la organización Reporteros Sin Fronteras.
"Una ley mal formulada y mal aplicada corre el riesgo de incumplir su objetivo y de ser deslegitimada", recordó RSF.
Reporteros celebró las consultas organizadas por el Gobierno sobre la reglamentación de la ley, promulgada el pasado 8 de octubre; pero, en cambio, lamentó que la nueva legislación haya comenzado ya a aplicarse, antes de que "su controvertida formulación" haya sido clarificada.
El pasado 7 de noviembre se habían recabado ya 700.000 firmas, según los promotores de la petición, que aspiran a modificar ciertos aspectos de la ley que desde el primer momento "suscitaron la desconfianza y la inquietud entre la profesión" periodística, explicó Reporteros.
La organización defensora de la libertad de prensa resaltó que nunca fue su intención cuestionar el principio general de una ley "que se justifica por el contexto político reciente en Bolivia".
En cambio, sí recomendó ciertas modificaciones en ella para evitar "toda ambigüedad" en su aplicación; en particular a causa del artículo 16, "que prevé la suspensión de la licencia para el medio de comunicación que 'autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias'".
Dicha sanción debería destinarse a los medios "que hagan explícitamente apología al racismo o a la discriminación", consideró RSF.
La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) se pronunció en el mismo sentido, indicó.
Entre otros ejemplos problemáticos de aplicación de la nueva Ley, RSF citó dos casos, uno de ellos contra el presentador del programa "El Variadito", José Luis Apacani, en Potosí, en la cadena privada Canal 33.
El segundo concierne al diario La Patria, contra el cual los políticos de la región de Oruro anunciaron que se quejarían por un artículo publicado el 9 de septiembre, en el que se utilizaba la palabra "concejiles", en lugar de "concejales", que los legisladores consideraron "discriminatoria".
Al respecto subrayaron, además, que la ley no tiene carácter retroactivo, y no puede aplicarse en principio a casos anteriores a su promulgación. EFE
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Rodrigo González Fernández
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