OPINIÓN
Ley Monsanto: La triste condena de la agricultura tradicional
Por estos días es inminente en el Senado la votación del proyecto de Obtentores Vegetales, más conocido como Ley Monsanto. Este proyecto de ley que fue enviado al Congreso por Bachelet permitirá que empresas transnacionales patenten material genético que constituye el patrimonio de especies vegetales que han sido cuidadosamente seleccionadas, multiplicadas y mejoradas en manos de los campesinos como una práctica ancestral. Se han esgrimido como argumentos en el contexto de esta iniciativa legislativa las supuestas necesidades de los agricultores de acceder a mejores variedades, incentivos para la investigación y asegurar la protección de las mismas; sin embargo es claro que quienes se verán beneficiados son los denominados "Obtentores" (para poner decorosamente nombre a la usurpación de semillas por parte de las empresas semilleras).
Chile ya había ratificado UPOV 78 y se había decidido no hacerlo con la versión del 91 dado que esta última otorga mayor autoridad para penalizar el uso de variedades protegidas sobre los países adheridos a dicha convención.
Hoy podemos constatar el perjuicio y desequilibrio que se produce entre los "derechos del obtentor" versus los "derechos de los campesinos" en los hechos acontecidos en Colombia donde actualmente los campesinos se encuentra movilizados a consecuencia de esta abominable legislación sobre derechos de propiedad intelectual.
Esta ley podría permitir por ejemplo que una machi incurriera en una ilegalidad si utiliza cualquier parte de una planta derivada de una semilla que hubiere sido patentada, aunque ésta hubiera pertenecido tradicionalmente a usos medicinales.
Otra consecuencia es la penalización que se hace de prácticas ancestrales que han permitido la disposición de variedades muy particulares por el endemismo de nuestra flora; los denominados derechos de los agricultores a guardar, usar, intercambiar y vender semillas quedan a criterio de cada país; donde por un lado tenemos a países que no imponen restricciones a los DPI (Derechos de Propiedad Intelectual) de los obtentores protegidos por la Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) y a otros países que gerencian, a través de políticas diseñadas para ese efecto, la protección de su patrimonio genético. Aquellos agricultores que usen semillas patentadas sin un contrato o que sean contaminados accidentalmente, podrían ser perseguidos por las compañías, llevados a juicio y obligados a pagar multas por violación de los derechos de propiedad intelectual.
Tras la fracasada iniciativa de impugnar el UPOV 91 como inconstitucional por parte de 17 senadores ante el Tribunal Constitucional, se logró que éste indicara la necesidad de cautelar la protección del material fitogenético en nuestro país. Esto supone algunos elementos que es poco probable que se den efectivamente; primero es indispensable contar con una base de datos completa y detallada del patrimonio genético vegetal nacional y la disponibilidad de bancos de germoplasma, lo que no ocurre ahora con la amplia diversidad de especies originarias, introducidas y adaptadas de las que disponemos a lo largo del territorio nacional.
También debieran definirse los derechos del Estado sobre variedades derivadas de material genético endémico de Chile pues han sido numerosos los casos en que materia prima ha sido extraída de nuestro patrimonio biológico y luego registrada por empresas extranjeras.
Para que una semilla sea patentada, bastaría que una variedad no se haya comercializado y que sea distinta de las ya reconocidas por UPOV, en cuyo caso podría ser considerada nueva. Los obtentores podrán alegar que la simiente fue "descubierta" por ellos dejándonos en absoluta dependencia monopólica de corporaciones como Monsanto, Pioner, Seminis, etc. Quienes podrán imponer los precios, acaparar el mercado e ir acorralando a la pequeña agricultura que ha sido la que ha generado las simientes susceptibles de ser patentadas por las corporaciones.
La agrobiodiversidad se encuentra amenazada en tanto que el modelo productivo chileno apunta hacia la disposición de semillas certificadas. Según datos de Odepa (2009) el 0,6% de los agricultores poseen un 35% de la superficie productiva y crecen día a día lo que es diametralmente opuesto a lo que ocurre con la pequeña agricultura; estos grandes productores trabajan con semillas certificadas, a consecuencia de ello la diversidad de semillas va en franco retroceso sin que el Estado intervenga de manera decidida para controlar este desequilibrio.
Otro elemento que queda poco claro es la posibilidad de contaminación por polen de especies sexualmente compatibles, lo que al no estar controlado ni regulado está teniendo efectos que no han sido debidamente evaluados.
Es preciso establecer que más allá de lo que digan las definiciones de UPOV recogidas por la ley chilena de semillas, hay dos tipos de obtentores: aquel que tiene a su disposición la academia, científicos, laboratorios, millonarios recursos económicos para invertir en investigación, abogados dispuestos a estudiar los marcos reguladores que permitan ampliar jurídicamente sus lucrativos negocios, etc., y por otra parte aquel que sin estudios formales pero con la sabiduría que le otorga su amplio conocimiento de la tierra, ha dedicado toda su vida a mejorar y obtener nuevas variedades, las que intercambia sin interés económico. Esta ley claramente legisla solo para los primeros.
Me gustaría traer a la luz la diferencia en el paradigma que se encuentra subyacente en este dilema. Por una parte tenemos los intereses de las corporaciones transnacionales cuyo afán de permanente expansión y concentración, les han permitido abrirse un importante espacio en el rubro semillero. Quienes claramente presentan un interés económico en sus actividades. Los campesinos y particularmente las comunidades indígenas que han mantenido por centurias la reproducción de estas variedades no presentan interés en utilizar los derechos de propiedad intelectual dado que entienden la agricultura como parte de su identidad; la semilla como depositaria de vida que está en la naturaleza disponible para todos y sobre la que, nadie podría siquiera imaginar tener propiedad.
La semana recién pasada la candidata presidencial Michel Bachelet ha manifestado su voluntad de revisar la denominada Ley Monsanto. La candidata tiene la posibilidad de comprometer la ratificación del "Tratado internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura" TIRFA con lo cual entenderíamos que es efectiva su intención de proteger nuestra nuestro patrimonio vegetal.
Por Leyla Astorga
Candidata al Core de la Región de Valparaíso por la Provincia de Marga Marga
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
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