| Camino a la servidumbre Por Guillermo R. Uccella, Juan Carlos Correa, Edgardo Sixto Amaya     Advertimos con inmensa preocupación el avance autoritario del Poder Ejecutivo Nacional tendiente a aplanar la libertad de expresión y su contracara, la libertad de información que poseemos los ciudadanos. El proyecto de ley impulsado por el gobierno para legislar la futura concesión de los medios audiovisuales es la herramienta adecuada para silenciar la opinión de todos aquellos que disienten con el pensamiento del gobierno. El proyecto en si concede al Estado la propiedad de un tercio de las ondas radiales y televisivas, privando con su sola voluntad la posibilidad de libre opinión con un espacio plural. También se reserva el otorgamiento de otro tercio para las O.N.G. adictas a su sola discreción. Y el otro tercio para el sector privado sujeto a su particular criterio de otorgamiento parcial y autoritario, en un negocio de amigos del poder. En la práctica esto se traduce en la perdida del derecho de libre información del ciudadano, resignado a aceptar la construcción de un espacio autoritario de poder. La actual administración no comprende, o no le interesa comprender que debe respetar el sistema constitucional de gobierno republicano, representativo y federal. Su único objetivo es avanzar sobre las libertades individuales de los ciudadanos, ignorando que el poder investido a su persona solo lo detenta por un término y un mandato limitado, sujeto al respeto absoluto de los derechos, declaraciones y garantías constitucionales. La libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de información constituyen un mismo derecho indisoluble sobre el cual no tiene ingerencia el Estado y menos aún éste gobierno al cual el pueblo le ha dado la espalda. Las libertades publicanas son un derecho que los ciudadanos nos hemos reservado antes de concurrir a la organización nacional como forma de gobierno. Este derecho es una potestad absoluta y excluyente nacida con nuestros derechos individuales, que ni siquiera puede ser limitada so pretexto de reglamentación, art. 28 de la Constitución Nacional. El Estado es de todos y de nadie en particular, no pertenece a las mayorías ni a las minorías, y en consecuencia nadie puede arrogarse la potestad de la derogación sustancial del derecho a la libre información aunque se guarden ciertas formas. El derecho de prensa, de publicación, de libre opinión, y de libre información no puede ser concentrado en las manos discrecionales del Estado, ni de ningún gobierno, ya que ello nos conduce a la suma del poder público, y quienes lo concedan o reúnan, cometen el delito de lesa traición a la patria, artículo 29 de la Constitución Nacional. El proyecto en cuestión puede llegar a salir aprobado con visos de legalidad formal si es sancionado por mayoría parlamentaria, pero será ilegal por derogar en la sustancia el derecho de libre información amparado por la Constitución Nacional. A la sombra del Poder Ejecutivo Nacional y desde el momento mismo de su promulgación bajo su orden directa, los medios estatales serán obedientes; las O.N.G. amigas, subordinadas; y medios privados adjudicados a los venales de siempre, simples serviles al poder político. Con ello destruirán cualquier vestigio de libertad futura, y la tiranía se abrirá paso en las enseñanzas aprehendidas y enseñadas por el ex ministro de propaganda Nazi, Joseph Goebbels. En resumen los medios audiovisuales, al igual que en el caso del INDEC, ya no informarán la verdad al ciudadano, solo la ocultarán y distorsionarán para servir a los propósitos del matrimonio presidencial en su confesada ambición para eternizarse en el poder, mientras conducen a la sociedad al hambre, al sufrimiento, y a la devastación. Nuestro sistema republicano en su artículo 14 de la Constitución Nacional garantiza el derecho de libre expresión, libertad de prensa, libre opinión y libre acceso a la información, en tanto el presente proyecto los deroga. Si el pueblo no posee acceso a la verdad acontecida y es engañado con mentiras acomodadas, resignaremos nuestra pobre calidad de ciudadanos para transitar el camino de la servidumbre, que lleva inexorablemente a la esclavitud. El poder se construye desde sus bases, nace del pueblo y se delega temporalmente a nuestros gobernantes en todos sus niveles, ya sea este, nacional, provincial o municipal. Si la actual administración Municipal no coincide con éste proyecto de ley totalitario, quede desde ya emplazada para pronunciarse, caso contrario, su silencio lo colocará como partícipe de la opresión, para oprobio, en su transito por el camino de la historia.- Agrupación Juan Bautista Alberdi PRO de la ciudad de Campana Guillermo R. Uccella, Juan Carlos Correa, Edgardo Sixto Amaya |
Saludos
Rodrigo González Fernández
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