Solución legal a uniones de hecho

Solución legal a uniones de hecho

• Acuerdo de vida en común
• Ante cualquier oficial del Registro Civil o ante notario público,
• Un conglomerado que aspira al poder y que tiene posibilidades ciertas de acceder a él debe ser capaz de debatir y enfrentar temas que le incomoda
• Sebastián Piñera le ha dado APOYO  al documento,
• NO ABRE  la puerta al matrimonio homosexual.
• HAY QUE ortalecer el matrimonio y la familia tradicional.

Los senadores Allamand y Chadwick, de RN y la UDI respectivamente, han presentado un borrador de trabajo que busca abordar la situación patrimonial de personas que conviven y que tienen o producen bienes en común. El cálculo en Chile es que son más de dos millones de personas las que se encuentran en esta situación, no teniendo actualmente una vía clara y legal para resolver entre otras materias aquellas relacionadas con el socorro recíproco, la sucesión, la vivienda, el acceso a seguridad social y los efectos patrimoniales derivados de la convivencia. El documento presentado por los senadores estipula que estas materias se regularán a través de un acuerdo de vida en común que podrá firmarse ante cualquier oficial del Registro Civil o ante notario público, y se extiende a parejas de distinto o igual sexo.

La propuesta ha sido cuestionada incluso por muchos correligionarios de los senadores, con el argumento de que a través de esta iniciativa existe el riesgo de debilitar el matrimonio o abrir la puerta al matrimonio homosexual. Sin embargo, los autores han hecho explícita su postura respecto de que el matrimonio sólo debe considerar a parejas de distinto sexo.

La institución matrimonial ha sufrido un proceso de debilitamiento. Prueba de ello es que existan dos millones de personas que conviven. Las explicaciones son seguramente complejas y nada tienen que ver con la existencia o inexistencia de legislaciones que regulan esta situación. En ese sentido, no abordar la realidad de convivencia, que caracteriza la vida de tantas personas, produce demandas sociales reales sin beneficios claros.

También se ha cuestionado la oportunidad en la que se hace este planteamiento habida cuenta que es una materia que genera controversia al interior de la Coalición por el Cambio. Sin embargo, un conglomerado que aspira al poder y que tiene posibilidades ciertas de acceder a él debe ser capaz de debatir y enfrentar temas que le incomodan, pero que buscan resolver un problema real. En ese sentido el apoyo que Sebastián Piñera le ha dado al documento, más que obedecer a cálculos políticos, que son inciertos, parece responder al de un candidato que está consciente de que si llega a La Moneda, deberá enfrentar diversos problemas y proponer, en ocasiones, soluciones que no necesariamente dejen satisfechos a todos los suyos.

Con todo, se echa de menos en la propuesta de los senadores, y —en general— en la campaña de Piñera, un planteamiento sistémico y coherente con las iniciativas que apuntan a fortalecer el matrimonio y la familia tradicional. Después de todo, estas instituciones no son fruto de la casualidad o de imposiciones culturales, sino que han probado a través de la historia sus beneficios evidentes para la vida en común y para el desarrollo de los pueblos. Muchas veces el progreso y el desarrollo traen aparejadas crisis de sentido que debilitan las instituciones fundamentales de la sociedad con consecuencias sociales costosas que podrían ser evitadas, al menos parcialmente, si se diseñaran políticas públicas para fortalecerlas. Es algo que crecientemente realizan los gobiernos de distintos signos de los países más desarrollados. Al respecto, existen desde beneficios tributarios de distinta naturaleza para los matrimonios y los gastos que generan los hijos, hasta una revisión profunda de las políticas sociales que discriminan a la familia tradicional y que pueden inducir a modos de vida alternativos sólo con el objetivo de acceder con una mayor probabilidad a ciertos beneficios sociales.

Por cierto, algunos de los enfoques pro matrimonio son controvertidos, pero se han impuesto porque el incentivo a la familia tradicional trae aparejado consigo beneficios sociales evidentes en términos de educación, prevención de la drogadicción y delincuencia, entre otros.

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Fuente:EMOL
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Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU

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