Analizan darle más facultades al defensor del Pueblo

• Proyectos del oficialismo y la oposición proponen otorgarle legitimación para que pueda recurrir a la Justicia.

Javier Cámara
De nuestra Redacción
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El miércoles 23 de setiembre próximo, la Legislatura provincial aprobaría una ley para otorgarle al defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba facultades para accionar judicialmente ante una supuesta violación de derechos colectivos e individuales.

Lo anticiparon fuentes del oficialismo provincial que parecen haberse convencido de que, en la actualidad, la figura institucional del ombudsman no puede cumplir con los fines que le son propios como consecuencia del marco legal (Ley 7.741) con el que se lo creó hace ya dos décadas.

El cambio de opinión del oficialismo, que hasta ahora ha ignorado sistemáticamente los proyectos opositores que reclaman la modificación, tiene que ver con el rechazo judicial que tuvo el planteo formulado por el actual defensor, Mario Decara, con motivo del aumento del gas natural. Mientras que magistrados de otros puntos del país hacían lugar a planteos similares, a Decara le dijeron que no porque no tenía legitimación procesal.

Cuatro iniciativas. Más allá de los resquemores políticos que todavía despierta Decara en la oposición (fue designado mediante una polémica interpretación de la Constitución), los legisladores coinciden en que la normativa que regula hoy el funcionamiento del organismo lo torna inoperante.

Como respuesta a esa situación, desde hace varios meses esperan tratamiento tres proyectos de ley de los legisladores Ana Dressino (UCR), Omar Ruiz (ARI-Coalición Cívica) y Modesta Genesio de Stabio (Vecinalismo Independiente). Con matices, las tres iniciativas proponen otorgarle al ombudsman la potestad de accionar ante la Justicia en defensa de derechos colectivos o individuales de los ciudadanos.

Semanas atrás, ante la presión opositora, el PJ se había comprometido a dar tratamiento a las propuestas pero con la intención de rechazar las ideas reformistas.

Ayer, para sorpresa de muchos, el legislador Emilio Graglia (ex radical campanista que integra la bancada oficialista) presentó una iniciativa que cuenta con la anuencia de las autoridades políticas.

Graglia también propone modificar el último párrafo del artículo 14º de la ley vigente a los fines de habilitar al defensor del Pueblo a recurrir a la Justicia en caso de incumplimiento de los requerimientos o la obstaculización de las disposiciones que adopte en defensa de los ciudadanos. Propone reemplazar el texto restrictivo por el siguiente: "El incumplimiento por parte de la Administración pública Provincial o de las instituciones a que refiere el artículo 13º (...), o la obstaculización de las disposiciones que en ejercicio de su facultades dicte el Defensor del Pueblo habilitará a este a recurrir a la Justicia".

A esa modificación, Graglia le suma otra que él considera "proactiva". Se trata de implementar un doble mecanismo de comunicación y revisión de la labor del ombudsman, a quien se impondría la obligación de presentar, anualmente, ante la Legislatura, un "plan de trabajo" que especifique objetivos, resultados esperados y recursos necesarios.

El caso Ortiz Pellegrini. Avanzan, en el bloque radical, las tratativas internas tendientes a definir cuál será la posición que adopte la bancada cuando se debata en el pleno de la Unicameral la probable sanción al juecista Miguel Ortiz Pellegrini, acusado de litigar contra el Estado. Fuentes del bloque de la UCR, que podría salvar al acusado si decide abstenerse, admitieron que las opiniones están divididas pero que "tiene consenso la idea de no resultar funcional al oficialismo".

FUENTE :
CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN LIBREMENTE
Saludos
Rodrigo González Fernández
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