La tensión y los hechos de violencia en la zona de La Araucanía han rebrotado fuertemente en los últimos días, renovando su desafío mayor al Estado de Derecho en Chile y a sus autoridades, que se creía más apaciguado. En menos de una semana se han cometido diversos atentados criminales que han destruido e incendiado un helicóptero destinado a combatir incendios forestales, casas patronales de fundos, maquinarias, oficinas y camiones. A ello se suma la violenta asonada nocturna de encapuchados en pleno centro de Santiago que, luego de una marcha en que se conmemoraba el cuarto aniversario de la muerte del joven mapuche Matías Catrileo, terminó con la quema de un bus del Transantiago y de la moto de una carabinera, además del levantamiento de barricadas, como si la fuerza pública estuviera sobrepasada, aunque ya con indumentaria civil se logró detener a dos sospechosos. Graves hechos delictuales, primero, por su propia naturaleza, y luego por la desfachatez de la acción premeditada, convocada por las redes sociales, que parece no temer ninguna reacción ejemplarizadora de las fuerzas encargadas de velar por la seguridad pública en el centro mismo de la capital chilena.
Estos sucesos dan cuenta de una forma organizada de criminalidad de alta peligrosidad e impacto social, que dista mucho de la mera delincuencia común, y que, por tanto, exige una rápida coordinación especial de las autoridades políticas, policiales y del Ministerio Público. Es una oportunidad para que, más allá de las diferencias que se han planteado públicamente a nivel general entre el ministro del Interior y el fiscal nacional, estas autoridades, a través de las intendencias y fiscalías regionales, actúen conjuntamente, cada una dentro de sus competencias, y logren resultados concretos en el combate a esta forma de delincuencia. Los fiscales y los tribunales deben hacer uso de todas las herramientas legales que contribuyan a la investigación y sanción de este tipo de hechos, sin descartar a priori el empleo de ninguna legislación, incluida la antiterrorista si los hechos investigados aconsejan utilizarla y como lo pide la multigremial productiva de la zona. Recordemos que en 2010 este cuerpo legal fue reformado sustancialmente, pero se mantuvo finalmente el incendio entre los delitos que, en determinadas circunstancias, podrían configurar una conducta terrorista.
La discusión de academia sobre legislación, responsabilidades o protocolos entre las autoridades a cargo de la seguridad debe dar paso positivamente a una acción coordinada obligada a dar frutos.
Los tratados internacionales y la legislación interna han ido avanzando en el reconocimiento cultural de los pueblos originarios y de su extraordinario aporte a la formación de la nación chilena. Sin embargo, la respuesta adecuada a sus demandas y la solución de los conflictos que se viven en la zona de La Araucanía exigen como requisito mínimo el fin de la violencia. La acción decidida que se reclama de las autoridades políticas en coordinación con las policías y el Ministerio Público es una exigencia primaria de orden público. Los habitantes de las zonas afectadas por los atentados, la carabinera inerme frente a la turba encapuchada, y los pasajeros del bus obligados a bajar del vehículo para no sufrir en su integridad física, no merecen nuevas dilaciones y conductas titubeantes del sistema establecido por el Estado de Derecho para salvaguardar su seguridad.
La solución de los conflictos que se viven en la zona de La Araucanía exige como requisito mínimo el fin de la violencia
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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