Corte Suprema refuerza crítica a Gobierno en informe favorable a carretera eléctrica
| | Pleno envió oficio al Senado para dar su parecer sobre la iniciativa definida como clave para la articulación de una red energética. | |
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| (La Tercera) Con sorpresa fue recibido en algunos sectores oficialistas el informe que la Corte Suprema hizo llegar al Senado, el martes, para entregar -a raíz de una consulta- su parecer sobre el proyecto del gobierno que busca crear una carretera eléctrica entre la Patagonia y Arica.
Aunque el pleno del máximo tribunal se pronunció favorablemente sobre la iniciativa -considerada clave para articular una red energética a partir de la generación de nuevas centrales hidroeléctricas en la Región de Aysén-, también incorporó una queja política en contra del Ejecutivo, advirtiendo supuestas interferencias en las atribuciones del Poder Judicial.
A partir de reparos a un punto específico del proyecto, que dice relación con la entrega a instancias de arbitraje la resolución de conflictos que se susciten por la constitución de servidumbres en los terrenos que abarca la carretera (entre concesionarios de energía eléctrica, o bien entre ellos y propietarios de los terrenos u otro tipo de concesionario), el informe revive una serie de críticas por el actuar del gobierno frente a distintas iniciativas.
Poniendo nuevamente sobre el tapete una pugna que adquirió visibilidad hace casi un mes, con el duro intercambio de cuestionamientos entre el gobierno (a través de la ministra María Ignacia Benítez) y la Suprema por el fallo que paralizó la construcción de la central termoeléctrica Castilla, el texto acusa el reforzamiento de "una tendencia" que ha "redundado en el debilitamiento" del Poder Judicial.
"Al sustraer del conocimiento de los tribunales ordinarios de justicia una materia de trascendental importancia, sigue la tendencia en orden a entregar el juzgamiento de ciertas materias a tribunales especiales que no integran el Poder Judicial, lo que redunda en un debilitamiento del mismo", dice el informe.
Si bien la objeción se concentraba exclusivamente en ese punto, la Suprema aprovechó la oportunidad para volver a consignar las quejas que han hecho en los últimos años por proyectos que creaban tribunales especiales, como el de Defensa a la Libre Competencia y los tribunales ambientales.
Así, el texto enviado al Senado recuerda que el actual titular de la Suprema, Rubén Ballesteros, en la inauguración del año judicial cuestionó el creciente aumento de tribunales especiales. "Nada justifica la creación de órganos jurisdiccionales separados del Poder Judicial, y no parece preverse las negativas consecuencias y riesgos para el mantenimiento del Estado de Derecho, derivados de la existencia de un sistema de justicia corporativa, dependiente o influenciable ante intereses sectoriales o grupos de poder", dice el extracto del discurso de Ballesteros que se incluye en el informe.
Para reforzar la queja el informe también se cita parte del discurso del ex presidente de la Suprema, Milton Juica, el 2011. "La frecuente creación de tribunales especiales (...) debilita el natural equilibrio que debe existir entre los poderes del Estado y atomiza peligrosamente la actividad jurisdiccional", señala.
Del mismo modo, la Corte cita parte del informe que hizo llegar en su momento para expresar sus reparos por la reforma que crea los tribunales ambientales. En el extracto se afirma que dichos organismos no debieran recibir la denominación de "tribunales", ya que "no responden a los estándares mínimos" exigidos para dicha categoría.
La Moneda busca evitar conflicto
La creación de dichas instancias es considerada como uno de los principales factores en la soterrada disputa que el Poder Judicial ha venido sosteniendo durante el último tiempo con el Ministerio de Medio Ambiente. La reforma es considerada como emblemática por la administración del Presidente Piñera, que buscaba homologar una tendencia mundial (41 países tienen esa institucionalidad) y que mantiene una visión crítica de la excesiva judicialización de proyectos relacionados con la institucionalidad medioambiental.
La principal preocupación del gobierno apunta a los efectos que los fallos de los tribunales puedan tener en la generación de electricidad, sobre todo por la demora que supone todo el proceso de tramitación. A ello atribuyen, de hecho, la decisión de derivar a instancias de arbitraje las soluciones de conflictos que emanen con la carretera eléctrica.
Pese a ello, y con la idea de no escalar nuevamente un conflicto con la Suprema, ayer La Moneda evitó salir a responder a las críticas del informe enviado por los magistrados al Senado.
Fuente/ La Tercera |
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Rodrigo González Fernández
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