Contraloría cuestiona cambio a 10.000 contratos en Junji que limitaban despidos
La administración anterior modificó en diciembre los documentos. Los nuevos encargados llevaron el tema al ente fiscalizador, que ya fijó un criterio.
por Javiera Herrera
Tras detectar una serie de presuntas irregularidades durante los primeros dos meses de trabajo, ayer la vicepresidenta de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), Ximena Ossandón, solicitó a la Contraloría hacer una auditoría de todas las actividades de 2009 de la entidad. Su objetivo, dijo, es saber "cómo recibimos la Junji, (...) y esperamos que los resultados sean lo menos malos posibles". También surgió otro tema, vinculado a la modificación de cerca de 10.200 contratos de funcionarios a contrata, realizada en la segunda quincena de diciembre de 2009: los nuevos documentos, que eliminaron la cláusula que permite despedir funcionarios cuyos servicios ya no son necesarios, tenían vigencia a contar de enero pasado. Según Ossandón, eso se tradujo en que la administración anterior no hizo prórrogas de contratos, sino que creó un nuevo documento que removió la cláusula de despido, para evitar las desvinculaciones durante 2010. "Cuando llegamos, no podíamos desvincular a nadie", agrega. La nueva directora consultó este tema a la Contraloría la semana pasada y el jueves pasado, explica, recibió una respuesta: "El contralor me ha indicado, a través de funcionarios de la institución, que ellos lo van a considerar (el cambio de los contratos) como una prórroga. La verdad, es muy burdo hacerle a toda una institución contratos nuevos", señala Ossandón. Actualmente, Junji tiene 10.290 funcionarios a contrata, mientras que los empleados de planta son cerca de 600. La entidad no tiene funcionarios a honorario, pues las 1.980 personas que estaban en esa condición fueron pasadas a contrata en enero pasado. Según explican en Junji, Contraloría los remitió a un dictamen emitido por el organismo el 20 de mayo pasado. Ese documento fue emitido tras una consulta por un problema similar hecha por la Presidencia de la República. Allí se afirma que la sola eliminación de la frase "mientras sean necesarios sus servicios" no basta, a menos que el nuevo contrato sea distinto del original. Ossandon subraya que "ellos (la administración anterior) el 16 de diciembre hicieron los contratos nuevos", pero que "la Contraloría los va a considerar como prórroga de contrato". Ello, pues las actividades de los funcionarios no cambiaron con los nuevos documentos. Desvinculaciones Ossandón dice que otra de las sorpresas con las que se topó fue que al llegar a Junji, ninguno de los funcionarios con cargos de confianza puso su puesto a disposición: "Aquí nadie vio llover, pero los entiendo, porque no quieren perder su trabajo". Agrega que "hemos sido muy gente, muy personas, hemos dado dos meses para que nos demuestren quiénes reman con nosotros. Y, en este minuto, hemos llegado a un punto en que vamos a empezar a pedir desvinculaciones". Según el director de Gestión de la institución, Hernán Ortiz, si hay desvinculaciones, ello se hará "después de un trabajo serio, profesional", que involucrará revisiones de trabajo y levantamiento de datos. Y Ossandón añade que de haber despidos, será "sobre todo en los cargos de confianza". Entre los problemas que se detectaron, tras una auditoría interna, se encuentra un déficit de $ 4.500 millones en remuneraciones, además de facturas timbradas sin órdenes de compra previa. La Tercera intentó contactar a la ex vicepresidenta de la Junji, Estela Ortiz, lo cual no fue posible.
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