Como contrapartida al proyecto que presentó el Ejecutivo que crea el Sernac Financiero y que se encuentra cumpliendo su primer trámite, en la Cámara de Diputados, el senador Eugenio Tuma presentó otra iniciativa que modifica la Ley del Consumidor de modo de fijar por ley estos derechos.
El parlamentario se mostró disconforme con el texto legal ingresado por Ejecutivo ya que "solo amplía las facultades del actual Servicio Nacional del Consumidor y, el compromiso del Presidente decía relación con crear un organismo nuevo".
Explicó que "lo único que propone es otorgar atribuciones al Sernac para pedir información y publicarla en Internet, para que por la vía de la información los usuarios puedan adoptar decisiones, lo que aparece como una burla porque no consagra ni un solo derecho para los consumidores".
Frente a este escenario el legislador ingresó a la Oficina de Partes del Senado, una moción que crea un decálogo de derechos del usuario del sistema financiero, "que servirá de base para iniciar un trabajo que permita crear las condiciones de justicia y equidad, en las relaciones de las personas con los bancos e instituciones financieras".
A su juicio lo primordial es "asegurar un estatuto básico, un decálogo de derechos mínimos e irrenunciables de los usuarios del sistema financiero que permita equilibrar las relaciones jurídicas entre partes que no se encuentran en una posición material de igualdad ni tampoco de equilibrio".
El senador Tuma agregó que "es un deber equilibrar esos poderes diversos, por la vía precisamente de asegurar derechos especiales a la parte más débil. Ese es un principio esencial del derecho de la contratación que debiera ser la base de una reforma seria del mercado financiero".
Precisó que la iniciativa propone entre sus puntos principales, el acceso a la información veraz, íntegra y oportuna sobre costos totales de los créditos, el derecho a recibir un trato no discriminatorio, la posibilidad de contratar los productos y servicios financieros por separado, el derecho a pagar tasas de intereses justas, la opción de terminar de manera expedita su relación con los bancos e instituciones financieras y el derecho a una liquidación justa y oportuna de las deudas.
"Es indispensable establecer un decálogo que señale cuáles son los derechos de los ciudadanos que no están definidos, no tiene sentido crear una institución que vaya a defender a los usuarios si no están fijados dichos derechos", manifestó el parlamentario.
Finalmente, criticó "las utilidades de la Banca que ascendieron a más de 2.400 millones de dólares el año anterior y que se empinan el primer semestre pese al terremoto a 1.554 millones de dólares, sobre la base de la imposición abusiva de condiciones a los usuarios".
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