El mecanismo de financiamiento fue instaurado por la dictadura de Augusto Pinochet, y entre 2004 y 2010 entregó cerca de 9.500 millones de dólares para la adquisición o renovación de material bélico, a través del 10% de las ventas brutas de la estatal Codelco, la mayor productora mundial de cobre.
"Creemos que el actual sistema no es el adecuado, porque las necesidades de nuestras fuerzas armadas no siempre están ligadas a la cantidad producida de cobre por Codelco o al precio que el cobre tenga en los mercados internacionales", dijo Piñera al estampar su firma en el proyecto de ley que ingresará en los próximos días al Congreso.
"Creemos también que es distorsionador un impuesto que pone un 10% de impuesto a las ventas brutas de cobre de Codelco", agregó el mandatario.
Chile es el principal productor mundial de cobre, con cerca de un 35% de la oferta mundial, y en los últimos años el país se ha visto favorecido por los altos precios alcanzados por el metal, debido a una mayor demanda desde China.
El nuevo proyecto establece "un presupuesto plurianual" de cuatro años, que se aprobará en el Congreso con un año de anticipación "de forma que siempre las fuerzas armadas tengan un horizonte de planificación aprobado en el presupuesto por un plazo de cuatro años", según Piñera.
Adicionalmente, el presupuesto va estar integrado "en una estrategia de seguridad y defensa nacional cuyo horizonte de proyección se va a extender a 12 años" y contempla un fondo de contingencia para hacer frente a situaciones excepcionales, agregó el mandatario.
La iniciativa es el segundo intento por reformar esta normativa, luego de una anterior tentativa de la ex presidenta socialista Michelle Bachelet (2006-2010), quien no encontró eco en el Parlamento.
La normativa, llamada 'Ley Reservada del Cobre', ha sido blanco de críticas en países vecinos, especialmente en Perú, donde se ha acusado a Chile de llevar adelante una "carrera armamentista" por el millonario plan de renovación de material bélico que inició a partir de 1998.
El plan, valorado por analistas en cerca de 2.500 millones de dólares, incluyó, entre otras adquisiciones, la compra a Estados Unidos de cazabombarderos F-16 por 600 millones de dólares, además de tanques, helicópteros, fragatas y submarinos.
Los gastos mantienen a Chile como uno los países latinoamericanos que más recursos destinan a la compra de armas, con gasto equivalente al 3,5% de su Producto Interno Bruto (PIB), según el último informe del independiente Instituto Internacional de Investigación para la paz (SIPRI), de Suecia, especializado en los conflictos, armas, control de armamento y desarme.
La normativa tiene un carácter secreto que no permite conocer cómo se gastan los recursos que se acumulan, aunque el ministerio de Defensa confirmó que unos 1.200 millones de dólares de fondo fueron destinados a la reconstrucción de infraestructura militar dañada tras el terremoto y tsunami que azotaron el país en 2010.
CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN .
Saludos
Rodrigo González Fernández
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