Comisión de Agricultura aprobó proyecto que aumenta las herramientas de fiscalización para el correcto uso del agua
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Rodrigo González Fernández
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Publicado el 16 de mayo del 2012
Los parlamentarios se reunieron para votar las indicaciones presentadas al proyecto, las cuales en su mayoría fueron calificadas por el Ejecutivo y el presidente de la comisión como inadmisibles, razón por la cual los diputados de Concertación se retiraron de la sesión. Sin embargo, el texto fue aprobado de todas maneras por la instancia.
El proyecto de ley que se encontraba con suma urgencia (boletín 8149) fue analizado en particular por la Comisión de Agricultura, -luego de haber sido aprobado por la Comisión de Obras Públicas- en donde los legisladores discutieron una serie de indicaciones presentadas principalmente por las diputadas Adriana Muñoz (PPD), Denise Pascal (PS) y Alejandra Sepúlveda (PRI).
Dichas indicaciones fueron consideradas en su mayoría inadmisibles por el presidente de la Comisión Ignacio Urrutia (UDI) y por el Director General de Aguas, Matías Desmadryl, lo que provocó la molestia de los diputados de Concertación, quienes se retiraron de la sala. Pese a ello, los diputados de Alianza continuaron con la votación del proyecto, rechazando la mayoría de las indicaciones y aprobando finalmente el texto legal.
Sobre lo ocurrido, el diputado Urrutia señaló que pese a que efectivamente en el Código de Aguas existen muchos problemas, éstos deben ser resueltos mediante otros proyectos de ley. "Este proyecto ve un tema sancionatorio, por lo tanto, no correspondían la mayoría de las indicaciones que presentaron los diputados de Concertación, estaban fuera de la idea matriz y por lo tanto, no me quedó otra alternativa que declararlas inadmisibles".
"Lamentablemente ellos no lo entendieron así y lo que hicieron fue retirarse de la sala y al final terminamos votando los parlamentarios de la Alianza pero votamos todo lo que está apegado a la legalidad, ahora si ellos tienen mucha inquietud en el tema de aguas lo que tienen que hacer es presentar un proyecto acorde con las inquietudes que ellos tienen y si ese proyecto no lo pueden presentar ellos, pedir el patrocinio del Ejecutivo", recalcó el diputado Urrutia.
"Yo espero que recapaciten y que para adelante sigamos con la misma armonía que hemos tenido siempre en la Comisión de Agricultura", añadió.
La diputada Alejandra Sepúlveda (PRI) manifestó su molestia ante lo ocurrido, y aclaró que las indicaciones presentadas fueron consensuadas con las juntas de vigilancia, por lo que sostuvo era importante llegar a un acuerdo, sobretodo considerando que apuntaban a los tiempos en que devuelven las centrales hidroeléctricas el cauce natural de las aguas, "hoy día hay más de 11 mil pequeños agricultores que no pueden regar como corresponde en su predios teniendo los derechos de aguas", recalcó.
"Si no regulamos esto, si no ponemos las sanciones que corresponden, efectivamente esto se transforma en un delito", agregó y criticó la visión del presidente de la Comisión y del Ejecutivo. "Aquí hay un problema de interpretación del presidente, yo pensé que el Ejecutivo se iba a allanar a quitarle la urgencia y así abocarnos a discutir este tema que es tan importante para miles de agricultores, pero no fue así".
La diputada Denise Pascal (PS), dijo que "tanto el presidente como el Ejecutivo están equivocados, las indicaciones que se presentaron por los diferentes diputados están totalmente sujetas a la idea matriz del proyecto. Aquí hay un tema preocupante porque la gente paga sus multas y sigue sin usar las aguas cuando tenemos a pocos kilómetros de distancia personas que no están pudiendo regar y que están perdiendo sus predios".
El proyecto de ley establece mayores sanciones y nuevas herramientas de fiscalización, perfeccionando la legislación vigente en torno al uso del agua, ya que hoy en día, a pesar de la existencia de figuras penales específicas relacionadas con la extracción no autorizada de aguas, y de los esfuerzos para aumentar la fiscalización de dichas extracciones, el diagnóstico común es que estas medidas no han resultado eficaces.
Así, la propuesta, establece que las personas naturales o jurídicas u otras entidades que incurran en las infracciones relacionadas con la mala utilización de las aguas, serán objeto de la aplicación de multas por hasta cinco mil UTM a beneficio fiscal.
El proyecto será ahora analizado por la Sala de la Cámara en donde será informado por el diputado UDI Ramón Barros.
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Rodrigo González Fernández
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