VENEZUELA: CHAVEZ HOSTIGA A EMPRESAS CHILENAS
Vencerámica, firma ligada al grupo Briones, desde 2008 ha enfrentado constantes hostigamientos de la autoridad:
Más de veinte días paralizada se encuentra la principal planta del grupo Cisa en Venezuela
Tras ser electo el hermano de Chávez como gobernador de Barinas, se empezó a fiscalizar las faenas mineras de la firma en la zona y luego las fábricas del grupo.
D. BUSTAMANTE Y J.J. DÍAZ
Por un problema mayor pasa Vencerámica, una de las firmas del holding chileno Cisa (ligado al grupo Briones), que opera en Venezuela. El 7 de mayo, las autoridades venezolanas ordenaron la paralización de las actividades productivas de la principal planta de la compañía, en la ciudad de La Victoria, en el estado de Aragua.
Aunque las razones del cierre de la planta se encuentran en una ordenanza del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (Inpsasel, organismo manejado por la estructura chavista), debido a situaciones como la necesidad de cambiar la techumbre de la planta de Vencerámica, tras la decisión se oculta una serie de acciones contra la compañía, las que son consideradas un "hostigamiento" por parte de sus directivos.
Estas acciones comenzaron el año pasado en el estado de Barinas (de donde es originario el Presidente Chávez), lugar en que Vencerámica posee faenas mineras. En dicha zona, Adán Chávez, hermano del Presidente, tras una onerosa campaña salió escogido gobernador del estado a fines de 2008 reemplazando a su padre, que de acuerdo con publicaciones internacionales como El Nuevo Herald, tuvo diversas acusaciones por nepotismo y corrupción.
Tras su elección, la minera -de la que la firma obtiene los insumos para producir cerámicas- comenzó a ser blanco de fiscalizaciones de la autoridad laboral, la medioambiental y de impuestos internos, entre otras, sin que a la fecha se le hayan comprobado irregularidades.
Tras eso, el blanco fue la planta en La Victoria, que el Inpsasel decidió paralizar argumentando la necesidad de reemplazar la techumbre, inversión que ya estaba presupuestada por la compañía. "La palabra fiscalización suena a situaciones irregulares. Esto es hostigamiento, es algo más que fiscalización", dijo una fuente de Cisa, sin querer detallar ese "algo más".
Esta situación es reafirmada por lo sucedido hace un par de días, cuando el diputado por la zona de Aragua, Ramón García, formó una comisión multidisciplinaria para mediar ante el problema, grupo que incluyó a autoridades ambientales, de obras públicas, vialidad y salud. Ellos visitaron las instalaciones y coincidieron en que Vencerámica, tal como lo habían propuesto sus directivos, podía ejecutar en forma gradual el reemplazo de la techumbre sin afectar las actividades productivas. Sólo el Inpsasel se opuso.
Los mismos trabajadores de la fábrica han recurrido hasta el Inpsasel para pedir que se revierta la paralización. La situación preocupa a los ejecutivos, a tal punto que el tema ya se maneja en Cancillería.
Fuentes de la Direcon dijeron que hace unas semanas un grupo de la institución viajó a conversar con el gobierno de Caracas por los problemas que viven las empresas chilenas en la zona, recibiendo buena acogida de parte de las autoridades.
Otro de los que se han interiorizado en el tema es Joaquín Lavín, quien por estos días está en el país del norte.
"Vencerámica es una empresa de capitales chilenos que está pasando por una situación difícil, en la que ha habido hostigamientos, amenazas de nacionalización, y que está paralizada hace días. Como chileno este tema me preocupa", dijo desde la capital venezolana.
Efecto económico
El problema se acrecienta con el pasar de las semanas. Para el holding Cisa, la inversión en Venezuela representa un patrimonio de entre US$ 70 millones y US$ 100 millones, siendo la empresa chilena más grande en dicho país. Cada día de paralización tiene un costo cercano a US$ 100 mil, y a la vez, dada la regulación venezolana, no pueden desvincular a ni a uno de sus trabajadores.
Peor aún, en la firma no tienen claro que las autoridades tengan la voluntad de poner término al conflicto, y han mantenido su postura de que Vencerámica reemplace en su totalidad el techo de las instalaciones, situación que tardaría nueve meses. Pese a ello, en el holding dicen que su deseo es seguir operando en Venezuela. "Nosotros tenemos una inversión en este país amparada por el tratado de protección de las inversiones entre Chile y Venezuela, y esperamos que por una u otra vía éstas se respeten", dijo una fuente de Cisa.
IMPACTO
El holding Cisa (Fanaloza, Briggs, Edesa e ICB) en 1994 tomó el control de Vencerámicas. Con ésta manejan el 60% del mercado venezolano de cerámicas, empleando en forma directa a 1.100 personas, más 2.700 puestos indirectos.
El millonario problema que viven las firmas chilenas
Los hostigamientos de denunciados en el caso Vencerámica, no es la única dificultad por la que atraviesan las inversiones chilenas en Venezuela. El control de los dólares que realiza desde 2003 el gobierno de Chávez a través de la Comisión de Administración de divisas (Cadivi, que regula la asignación de dólares para las operaciones de importación y exportación), ha llevado a que Venezuela adeude unos US$ 80 millones a 52 empresas nacionales. Vencerámica es una de ellas y a la fecha tiene retenciones cercanas a US$ 7 millones. Otras firmas perjudicadas son LAN, Carozzi y San Pedro.
Más de veinte días paralizada se encuentra la principal planta del grupo Cisa en Venezuela
Tras ser electo el hermano de Chávez como gobernador de Barinas, se empezó a fiscalizar las faenas mineras de la firma en la zona y luego las fábricas del grupo.
D. BUSTAMANTE Y J.J. DÍAZ
Por un problema mayor pasa Vencerámica, una de las firmas del holding chileno Cisa (ligado al grupo Briones), que opera en Venezuela. El 7 de mayo, las autoridades venezolanas ordenaron la paralización de las actividades productivas de la principal planta de la compañía, en la ciudad de La Victoria, en el estado de Aragua.
Aunque las razones del cierre de la planta se encuentran en una ordenanza del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (Inpsasel, organismo manejado por la estructura chavista), debido a situaciones como la necesidad de cambiar la techumbre de la planta de Vencerámica, tras la decisión se oculta una serie de acciones contra la compañía, las que son consideradas un "hostigamiento" por parte de sus directivos.
Estas acciones comenzaron el año pasado en el estado de Barinas (de donde es originario el Presidente Chávez), lugar en que Vencerámica posee faenas mineras. En dicha zona, Adán Chávez, hermano del Presidente, tras una onerosa campaña salió escogido gobernador del estado a fines de 2008 reemplazando a su padre, que de acuerdo con publicaciones internacionales como El Nuevo Herald, tuvo diversas acusaciones por nepotismo y corrupción.
Tras su elección, la minera -de la que la firma obtiene los insumos para producir cerámicas- comenzó a ser blanco de fiscalizaciones de la autoridad laboral, la medioambiental y de impuestos internos, entre otras, sin que a la fecha se le hayan comprobado irregularidades.
Tras eso, el blanco fue la planta en La Victoria, que el Inpsasel decidió paralizar argumentando la necesidad de reemplazar la techumbre, inversión que ya estaba presupuestada por la compañía. "La palabra fiscalización suena a situaciones irregulares. Esto es hostigamiento, es algo más que fiscalización", dijo una fuente de Cisa, sin querer detallar ese "algo más".
Esta situación es reafirmada por lo sucedido hace un par de días, cuando el diputado por la zona de Aragua, Ramón García, formó una comisión multidisciplinaria para mediar ante el problema, grupo que incluyó a autoridades ambientales, de obras públicas, vialidad y salud. Ellos visitaron las instalaciones y coincidieron en que Vencerámica, tal como lo habían propuesto sus directivos, podía ejecutar en forma gradual el reemplazo de la techumbre sin afectar las actividades productivas. Sólo el Inpsasel se opuso.
Los mismos trabajadores de la fábrica han recurrido hasta el Inpsasel para pedir que se revierta la paralización. La situación preocupa a los ejecutivos, a tal punto que el tema ya se maneja en Cancillería.
Fuentes de la Direcon dijeron que hace unas semanas un grupo de la institución viajó a conversar con el gobierno de Caracas por los problemas que viven las empresas chilenas en la zona, recibiendo buena acogida de parte de las autoridades.
Otro de los que se han interiorizado en el tema es Joaquín Lavín, quien por estos días está en el país del norte.
"Vencerámica es una empresa de capitales chilenos que está pasando por una situación difícil, en la que ha habido hostigamientos, amenazas de nacionalización, y que está paralizada hace días. Como chileno este tema me preocupa", dijo desde la capital venezolana.
Efecto económico
El problema se acrecienta con el pasar de las semanas. Para el holding Cisa, la inversión en Venezuela representa un patrimonio de entre US$ 70 millones y US$ 100 millones, siendo la empresa chilena más grande en dicho país. Cada día de paralización tiene un costo cercano a US$ 100 mil, y a la vez, dada la regulación venezolana, no pueden desvincular a ni a uno de sus trabajadores.
Peor aún, en la firma no tienen claro que las autoridades tengan la voluntad de poner término al conflicto, y han mantenido su postura de que Vencerámica reemplace en su totalidad el techo de las instalaciones, situación que tardaría nueve meses. Pese a ello, en el holding dicen que su deseo es seguir operando en Venezuela. "Nosotros tenemos una inversión en este país amparada por el tratado de protección de las inversiones entre Chile y Venezuela, y esperamos que por una u otra vía éstas se respeten", dijo una fuente de Cisa.
IMPACTO
El holding Cisa (Fanaloza, Briggs, Edesa e ICB) en 1994 tomó el control de Vencerámicas. Con ésta manejan el 60% del mercado venezolano de cerámicas, empleando en forma directa a 1.100 personas, más 2.700 puestos indirectos.
El millonario problema que viven las firmas chilenas
Los hostigamientos de denunciados en el caso Vencerámica, no es la única dificultad por la que atraviesan las inversiones chilenas en Venezuela. El control de los dólares que realiza desde 2003 el gobierno de Chávez a través de la Comisión de Administración de divisas (Cadivi, que regula la asignación de dólares para las operaciones de importación y exportación), ha llevado a que Venezuela adeude unos US$ 80 millones a 52 empresas nacionales. Vencerámica es una de ellas y a la fecha tiene retenciones cercanas a US$ 7 millones. Otras firmas perjudicadas son LAN, Carozzi y San Pedro.
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Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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