Las denuncias periodísticas sobre el incumplimiento de los horarios médicos por parte de profesionales de esa especialidad, así como los frecuentes problemas ocasionados por las licencias falsas han impulsado al Colegio Médico a solicitar, una vez más, que se le otorgue la facultad de actuar como tribunal de ética. Pero el mal comportamiento de algunos facultativos -que según la propia visión de los dirigentes del gremio corresponde sólo a casos aislados- no parece justificación suficiente para otorgar esas atribuciones al Colegio de la orden. Las escandalosas situaciones que se han revelado son en muchos casos delitos o engaños burdos, que no corresponde examinar como dilemas éticos; más bien, podría tratarse de delitos comunes, como lo es la falsificación de un instrumento público. Las sanciones procedentes serían, en su caso, administrativas (horarios médicos) o penales (figuras delictivas), y el referido Colegio en ningún caso tendría atribuciones para aplicarlas.
El Colegio Médico ha intentado ser el organismo al que se encomiende cautelar la conducta ética de todo el gremio, pero en los últimos 30 años no ha logrado convencer a los poderes públicos de las ventajas de su propuesta. Las razones de este fracaso son múltiples. Desde luego -como lo confirman los casos de estos días- provoca algún grado de suspicacia el que ese gremio quiera intervenir cada vez que uno de sus miembros esté acusado por la justicia, aunque sus conductas no puedan ser calificadas como faltas a la ética. Por ejemplo, después del terremoto de febrero pasado, el Tribunal de Ética de Concepción -con buena intención, pero demostrando no tener clara la misión que le compete- investigaba la participación de un médico en los saqueos posteriores. El organismo gremial debería evitar que se proyecte la imagen -falsa, pero no infrecuente entre quienes tienen querellas contra los profesionales médicos- de que esta intervención buscaría proteger a sus asociados.
Nadie puede obligar a una persona a pertenecer a una determinada agrupación social y, por tanto, es legítimo que un médico no quiera formar parte del Colegio. Tampoco cabe supeditar a éste el ejercicio del derecho constitucional al trabajo, cuya suspensión o supresión sólo puede entregarse a los tribunales. Otorgar a esta organización gremial potestad para adoptar medidas sobre quienes no pertenecen a él sería entregarle cierta forma de imperio jurisdiccional que no le corresponde por su naturaleza. Respecto de sus miembros, por cierto, el Colegio tiene la tuición ética y puede sancionar de diversas formas a quienes tengan mal comportamiento, incluso expulsándolos de la agrupación. En la medida en que la entidad tenga prestigio y sea respetada por la sociedad, ese castigo puede llegar a tener un fuerte peso moral, que sería tomado muy en consideración por la comunidad si el fallo se emite dando a conocer sus fundamentos.
Pero quizá el argumento que más ha pesado en contra de la petición de la agrupación profesional ha sido la experiencia recogida durante los decenios en que efectivamente la tuición ética estuvo en sus manos. Rarísimas veces se llegó a castigar a un colega y eso sólo en casos de delitos graves, que ninguna relación solían tener con conductas o dilemas éticos. Para los colegios, lo más importante era regular la forma en que los profesionales se relacionaban entre sí, principalmente evitando la competencia y los conflictos que podían derivarse de ella. Una de las faltas éticas más graves era atrasarse en el pago de las cuotas sociales. Nada de eso logró probar que fuera la instancia idónea para hacerse cargo de la vigilancia ética.
Fuente:emol.com
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Saludos
Rodrigo González Fernández
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